¿De verdad seremos mejores? (1)

Al principio de esta prueba que para todos está suponiendo la pandemia del Covid-19, especialmente cuando empezamos a confinarnos en nuestras casas, desde el primer instante surgieron iniciativas solidarias que nos hicieron pensar que cuando pasara lo peor y volviéramos a la normalidad, nos convertiríamos en una sociedad mejor. Casi dos meses después, creo que somos conscientes que lo de ser mejores está tan complicado como antes, incluso no se habla de vuelta a la normalidad, sino acostumbrarnos a la nueva normalidad. Tan complicado, o más, porque en plena vorágine de fases de desescalada estamos envueltos en las polémicas de siempre pero si cabe con más acidez.

La pregunta que me hago es ¿De verdad seremos mejores? Ahora mismo, es complicado encontrar una respuesta más o menos certera. En todo caso, no tiro la toalla y me gustaría compartir una serie de indicadores que, bajo mi punto de vista, nos convertiría en una sociedad mejor, más justa

1. Las preferencias de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)

En la elaboración de los PGE o los presupuestos de cualquier administración pública, necesitamos un consenso social por encima de las ideologías. Unos creerán más en la acción del estado y otros en la iniciativa privada, pero más allá de las ideologías, todos somos conscientes, por nuestra economía familiar, que nuestros ingresos tienen un límite y las oportunidades de gasto son ilimitadas. A nivel estatal, autonómico o local, la situación es la misma aunque suma la complejidad de la agregación de toda la sociedad. Por eso necesitamos consensuar cuáles son las prioridades de la política pública y cómo lograrlo, pues no solo es posible con dinero público.
En mi opinión personal, el indicativo que nos haría mejores en este punto, sería que se impulsara la justicia social, es decir, se enfocara el PGE, o cualquier presupuesto público, hacia la reducción de la desigualdad porque entiendo que la desigualdad es el factor que más está marcando negativamente nuestra sociedad y su evolución.

España es el sexto país más desigual de la UE, con un 26,1% de personas en riesgo de pobreza y exclusión. Si nos referimos a la Comunitat Valenciana, ese porcentaje sube al 30.2% y si nos referimos a la pobreza severa, es decir, personas que ingresan menos de 370 euros al mes por unidad de consumo, sería del 5,8% más de 286.000 valencianos. Estos índices y las problemáticas personales y familiares que hay detrás, sin ningún lugar a dudas, se verán incrementados en la medida que dure más esta situación. Así que la necesidad de consenso se hace más ineludible si queremos alcanzar esa sociedad mejor, más justa.

La lucha contra la desigualdad es la lucha por la justicia social que consiste en buscar la igualdad de oportunidades dentro del más alto estándard posible. Más allá de las tasas, índices y niveles de ingresos, la desigualdad de oportunidades produce brechas educativas, de acceso a la información, a las nuevas tecnologías, a la salud y otros aspectos, que acaban repercutiendo en el acceso a trabajos con una remuneración digna, a la movilidad social, a la vivienda o a la cultura. En definitiva, al bienestar.

En este sentido se ha convertido en recurrente en las conversaciones sobre el tema, la introducción de un ingreso mínimo vital e incluso una renta básica universal. Esta última más utópica que la primera precísamente por lo que comentaba del límite de los ingresos. Pero ambas no dejan de ser medidas puntuales que antes de ser implementadas necesitarían un marco que definiera el sentido de los presupuestos. Si buscamos la justicia social, cualquier ingreso público a la renta personal o familiar debería ir ligado a medidas que buscaran el aumento de la dignidad personal, sea la formación, el reciclaje profesional o cualquier otra, es decir, la reducción de la desigualdad por la búsqueda activa de la igualdad de oportunidades. Por tanto, con el objetivo ineludible de que la persona subsidiada logre alcanzar una mayor igualdad de oportunidades pudiendo abandonar su situación de discriminación.

También en este campo se comenta la búsqueda de una fiscalidad justa, pero en muchas ocasiones nos quedamos en la introducción de instrumentos para que los más afortunados paguen más impuestos como son la Tasa Google, para las grandes empresas del mundo digital o la Tasa Tobin, para grabar las transacciones financieras. También el aumento del tipo del IRPF, la eliminación de bonificaciones del IS, por ejemplo. Pero nuevamente nos olvidamos en demasiadas ocasiones, y más si optamos por una perspectiva de justicia social, de poner los medios necesarios para evitar lo máximo posible la evasión fiscal, el fraude; o la economía sumergida, las actividades productivas que no están de alta en el sistema, las personas que trabajan en B, que no pagan el IVA de sus facturas. Una economía sumergida que se calcula con un volumen alrededor del 22% del PIB español.

En el primer concepto se calcula que se escapan al fisco por un sistema que no tiene la suficiente presión fiscal de 58.907 a 75.738 millones de euros.
Pero es que por el fraude fiscal se evaden unos 40.000 millones de euros.
En cuanto a la economía sumergida, si la rebajáramos en 10 puntos para situarla en la media que se calcula de los países de nuestro entorno europeo, la hacienda pública ingresaría unos 38.000 millones de euros.
Para poner en perspectiva estas cifras, el gasto sanitario agregado del estado español es de unos 75.000 millones de euros. Por lo tanto, siendo medianamente optimistas y eficaces en los anteriores puntos consiguiendo la mitad de la recaudación que se escapa, podríamos doblar el presupuesto sanitario cada año, con todos los efectos multiplicadores que esto tendría en cuanto a la mejora de igualdad de oportunidades.

Por estas cuestiones, y otras muchas que afectan al presupuesto, sería necesario el consenso sobre el marco, más que las medidas concretas, aunque también son importantes. Porque, dentro de este marco de enfocar los PGE hacia la justicia social se encuentra la necesidad de desligarnos de un concepto en el que nos encontramos realmente enjaulados desde hace décadas, el de la distribución de la renta para caminar hacia una economía regenerativa y distributiva desde la raíz, es decir, que en su funcionamiento, desde el principio, genere rentas más igualitarias para todos, como defienden economistas como Kate Raworth que ha trabajado para la ONU y para OXFAM y actualmente en las universidades de Oxford y Cambrigde.

(continuará)