Los vigilantes de la cultura

Mucho se habla últimamente, con y sin razón, de censura. Históricamente ha tenido muchos disfraces, ha tenido que llegar hasta las sociedades más avanzadas camuflada para sortear lo que hoy entendemos como normas básicas de la democracia. La cultura, o más bien la producción cultural que trata de erigirse como la única cultura existente, tiene la suya propia: La Ley de Propiedad Intelectual.

La propiedad intelectual es un sistema de protección que se inventa en los tiempos en los que surgió la imprenta. Ante la primera crisis tecnológica, que apuntaba directamente a las obras intelectuales, se pensó que era una buena idea crear una ley que regulara la distribución y copia de dichas obras.

Así, la Propiedad Intelectual no es más que un sistema de control para todo tipo obras intelectuales. Hoy en día desde el software a los libros, la música o las películas. El objetivo, en un principio, debería ser únicamente impedir la difusión de esas obras sin la autorización de sus titulares. Aunque cuando una obra deja de ser tangible, el término propiedad empieza a ser complicado de definir y limitar.

La imprenta, en el Siglo XVII, crea el problema para los gobernantes de la difusión de la información con la aparición visible de voces disidentes. De esta forma se crea una ley que prohibe estas voces en Francia, pero ante la imposibilidad de aplicar de forma efectiva esta ley, en 1662 en Reino Unido se crea la Stationers Company (el monopolio del uso de la imprenta). En 1710 se aprueba el Estatuto de Anne (un derecho que protege únicamente al editor, aunque para defender el estatuto ya se diría que se hacía para evitar que robasen a los autores), primera ley del copyright. Así nace el copyright como censura y monopolio.

Vamos a dar un salto grande en el tiempo. A principios del Siglo XX los primeros estudios de cine (como Paramount y la Fox) se establecieron en California para huir de la Motion Pictures Patents Company (que tenía la patente de Thomas Edison sobre el cine durante 17 años).

En los años 40 la RCA pagaba a los músicos de blues 6$ y una botella de bourbon por disco grabado, nada de royalties, ni de derechos, ni nada más. Esta era su forma de proteger la creación artística.

Para rematar la faena y acabar de perfilar este control, en noviembre de 1999, Mitch Glazier (un congressional aide) puso una enmienda técnica sin que nadie se enterase por encargo de la RIAA (una especie de SGAE estadounidense). La Satelite Home Viewing Act pasó a decir que “una obra musical SÍ es una obra de alquiler” donde antes decía que NO lo era. Al cambiar esta definición hacía que todos los derechos de una obra creada pasaran a ser de las empresas (como las discográficas) perdiéndolos el autor, incluido el nombre comercial. Motivo por el cual, por ejemplo, ‘Prince’ pasó a llamarse ‘el artista anteriormente conocido como Prince’. Tres meses después Glazier fue contratado por la RIAA como lobbyist con un sueldo desorbitado.

Todas estas leyes fueron aterrizando poco a poco en Internet, su control ya no sólo es sobre los creadores y sus obras, ahora también tratan de limitar la neutralidad de la red y la libertad (culturalmente hablando) que permite. Pueden censurar contenidos no para defender a sus autores, si no para enriquecerse o vetar contenidos que piensen que no les favorecen. La difusión que puedan alcanzar así artistas u obras descatalogadas no les importa. Tratan de equiparar algunas actividades, en el imaginario social, con el plagio o el hurto para intentar controlarlas.

El tema da para mucho, pero quería llegar al punto de los absurdos que hemos ido viendo todos estos años. Estos son sólo algunos de mis ‘favoritos’:

Mike Batt fue acusado de plagio por 60 segundos de silencio por los editores de John Cage, que tenían registrado un tema también en el que aparecían segundos de silencio. Llegaron a un acuerdo extrajudicial para no alargar el caso más. Mike llegó a bromear inicialmente incrédulo, “mi obra es mejor, he dicho lo mismo pero en menos tiempo”.

Berltesmann lanzó un juicio (400 millones $) contra los fabricantes de teclados (porque la tecla “shift” puede emplearse para evitar medidas de protección).

Desde 1996 la American Society of Composers, Authors and Publishers, amenaza con llevar a juicio a los niños que canten canciones en los campamentos de verano y no paguen royalties. Argumentan que de no ser por estas canciones no tendrían tanto éxito los campamentos.

Vincent Gallo restauró una cinta de audio en ruinas (un ejemplar único) y la quiso incorporar a la BSO de su última película. Cuando pidió permiso a los abogados de los propietarios de los derechos de autor tuvo que negociar durante más de un año y pagar una cifra elevada para obtener el permiso. Y todo pese a que él había salvado la cinta, no estaba siendo explotada comercialmente y estar en la BSO le proporcionaba mucha promoción.

En Francia denunciaron al director de la película Insurrection/Résurrection por sacar a un personaje silbando 7 segundos “La Internacional”. Sí, el himno del movimiento obrero. El autor llevaba más de 70 años muerto, pero la ley y la SDRM tienen sus tentáculos muy largos.

La TEOSTO (Industria Discográfica Finlandesa) exige 20€ al mes a las guarderías por cantar canciones con copyright, hasta 2015 se pagaba por ‘Cumpleaños feliz’, pero esa es una historia para otro día. La excusa es que si cantan, luego los niños no compran discos para aprenderse los temas. Así mismo, la Corte Suprema Finlandesa obliga a los taxistas a pagar 20€ anuales por llevar música (aunque sea de la radio) en el taxi. Los taxistas, según el discurso de esta policía cultural, captan más clientes gracias a las canciones que ponen y se aprovechan del trabajo de los músicos. Aquí en España podemos recordar la medida adoptada en las peluquerías o el famoso canon digital que pagamos por todo.

Nadie se libra de este control, es más, cuestionarlo supone ser señalado por estos vigilantes de la cultura. Hace décadas que nos preguntamos, ¿quién les vigila a ellos?